Una investigación judicial por presuntas maniobras de fraude tributario en el circuito comercial de granos derivó en un despliegue federal de gran magnitud: 85 allanamientos en distintas jurisdicciones del país, 23 personas detenidas y el secuestro de vehículos, equipos informáticos, documentación y dinero en efectivo. El perjuicio económico bajo investigación fue estimado en aproximadamente 10 millones de dólares, una cifra que dimensiona la relevancia fiscal de las operaciones sospechadas.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una causa que busca determinar las responsabilidades penales de personas físicas y jurídicas presuntamente vinculadas con un mecanismo irregular de compraventa de granos y aprovechamiento indebido de beneficios impositivos.

Una denuncia de ARCA-DGI, el punto de partida

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente relacionados con operaciones irregulares en el mercado de granos.

A partir de esa presentación, y por disposición del tribunal interviniente, el Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales, desplegó una serie de tareas destinadas a reconstruir la operatoria bajo sospecha e identificar a sus posibles responsables.

El trabajo incluyó relevamientos de campo, técnicas de inteligencia de fuentes abiertas -conocidas como OSINT- y un análisis exhaustivo de la información disponible. Estas diligencias permitieron establecer posibles vínculos entre distintas personas y sociedades que habrían intervenido en las operaciones investigadas.

De acuerdo con la hipótesis de la pesquisa, la maniobra habría consistido en simular operaciones de compraventa de granos para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y, mediante ese procedimiento, obtener reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que no corresponderían.

En términos económicos, el esquema investigado habría utilizado operaciones presuntamente simuladas para generar créditos o beneficios fiscales indebidos, con el consiguiente impacto sobre los recursos del Estado nacional.

El monto estimado del perjuicio asciende a US$ 10 millones. No obstante, esa cifra corresponde a la hipótesis económica de la investigación y deberá ser establecida con precisión a partir de las pruebas incorporadas al expediente.

La causa busca determinar cómo se habrían instrumentado las operaciones, qué participación tuvo cada uno de los contribuyentes identificados y si existió una estructura coordinada para obtener ventajas tributarias ilegítimas.

Un operativo simultáneo en varias provincias

Con los elementos reunidos durante la investigación, el juez nacional en lo Penal Económico N.º 2, Gustavo Darío Meirovich, ordenó el registro de 85 domicilios distribuidos en diferentes puntos del territorio nacional.

Los procedimientos se realizaron en Rosario y el Departamento General López, en Santa Fe; Villaguay, en Entre Ríos; Sarmiento y la ciudad capital de Santiago del Estero; la ciudad de Córdoba; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Escobar, en la provincia de Buenos Aires.

Las medidas judiciales tuvieron como finalidad reunir documentación y dispositivos que permitieran profundizar el análisis de las operaciones sospechadas, además de hacer efectivas las detenciones dispuestas por el magistrado.

La amplitud territorial del despliegue refleja la dimensión federal de la investigación y la necesidad de avanzar sobre distintos domicilios presuntamente relacionados con la operatoria comercial y financiera examinada.

Como resultado de los allanamientos, fueron detenidas 23 personas, todas de nacionalidad argentina y mayores de edad, que quedaron a disposición de la Justicia.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron diez vehículos y una importante cantidad de dispositivos electrónicos y documentación que podría resultar relevante para reconstruir las operaciones bajo análisis.

Entre los elementos incautados se contabilizaron:

- 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tres tablets y tres netbooks.

- Tres dispositivos de almacenamiento externo y dos gabinetes informáticos.

- Documentación de interés para la causa.

- Una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad (DNI).

El dinero en efectivo incautado también formó parte del resultado del operativo. Según el detalle oficial, se secuestraron $15.433.100 argentinos, US$ 78.205, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos.

El material informático y los documentos secuestrados podrían aportar información sobre comunicaciones, registros contables, movimientos comerciales y eventuales relaciones entre los involucrados. Su relevancia concreta dependerá del análisis pericial y de la valoración judicial de las pruebas.

Una causa bajo la órbita de la Justicia en lo Penal Económico

El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo de Gustavo Darío Meirovich, con intervención de la Secretaría Nº 4, a cargo de Damián Ignacio Mazzucco.

La investigación cuenta, además, con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 7, a cargo de Gabriela Ruíz Morales, con la Secretaría del doctor Diego Crespi.

Las actuaciones se desarrollan en el marco de presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en la Ley 27.430 y el Código Penal de la Nación.

Más allá de la magnitud del operativo, el eje central de la causa será establecer si las operaciones cuestionadas fueron efectivamente simuladas, cuál habría sido el circuito utilizado para generar los beneficios fiscales investigados y qué responsabilidad penal le corresponde a cada uno de los involucrados.

La documentación contable, los registros digitales y el análisis de los dispositivos secuestrados podrían resultar determinantes para reconstruir la operatoria y precisar el eventual perjuicio fiscal.

Por el momento, las detenciones y los allanamientos constituyen medidas adoptadas en el marco de una investigación en curso. La responsabilidad de los imputados deberá determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente, con pleno respeto de la presunción de inocencia.

Con 85 domicilios registrados, 23 personas detenidas y un perjuicio estimado en US$ 10 millones, la causa pone bajo la lupa una presunta operatoria tributaria de alcance interjurisdiccional y vuelve a colocar en el centro del debate los mecanismos de control fiscal sobre las transacciones del sector agrocomercial.

Fuente: Análisis Digital.