El caso, que se originó de manera fortuita durante una investigación por un robo menor, dejó al descubierto una importante estructura de almacenamiento de estupefacientes. El fallo fue emitido el 13 de agosto por el juez Sebastián Gallino.

El imputado, de 35 años, admitió ser el autor responsable del delito de almacenamiento de estupefacientes, una calificación que la fiscalía sostuvo basándose en la enorme cantidad de droga hallada y las comunicaciones encontradas en su teléfono celular, que daban cuenta de una actividad sostenida en el tiempo. El acuerdo de juicio abreviado fue presentado en una audiencia en la intervinieron la fiscal auxiliar Gabriela Agustina Velázquez, el abogado defensor Jair Gay. Romero García lo hizo de manera virtual desde la Unidad Penal N° 9 de Guleguaychú, donde está detenido.

La caída de Romero García comenzó el 8 de septiembre de 2025, no por una investigación de narcotráfico, sino por un operativo de la División de Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos que buscaba elementos robados. El Juzgado de Garantías de Colón había ordenado un allanamiento en la vivienda de la Avenida Perón al 489 para recuperar ropa, zapatillas y una notebook denunciadas como hurtadas.

Sin embargo, al registrar el sector del lavadero, ubicado en una dependencia al fondo de la propiedad habitada por Romero García, los efectivos se encontraron con una sorpresa: una caja de madera que ocultaba 115 envoltorios rectangulares, conocidos como "panes", junto a una balanza digital de precisión. Tras la intervención de la División Drogas Peligrosas, las pruebas de campo confirmaron que se trataba de 77,521 kilogramos de marihuana. Muchos de estos paquetes estaban envueltos en bolsas de arpillera con inscripciones de "industria paraguaya", lo que marcaba el origen del cargamento.

Un "buen vecino" asfixiado por las deudas

La investigación judicial también profundizó en el perfil social y económico de Romero García, revelando una vida de contrastes. Por un lado, los informes de "vida y costumbre" realizados por Gendarmería Nacional indicaron que Romero García era visto por sus vecinos como un "buen concepto", una persona respetuosa y proveniente de una "buena familia". Además de su empleo en la Municipalidad de Colón, donde trabajaba desde 2015, el hombre realizaba panificación de forma independiente para generar ingresos extra.

Sin embargo, detrás de esa fachada de estabilidad, su situación financiera era crítica. El informe de NOSIS -empresa de servicios de información comercial y financiera- reveló un estado de endeudamiento "irrecuperable" ante el Banco Central, con una deuda total que superaba los 496.000 pesos para julio de 2025. Su principal acreedor era una cadena de electrodomésticos, a la cual le debía casi el 80% de ese monto con atrasos superiores a seis meses.

En el plano personal, Romero García es padre de una niña menor de edad, aunque se encontraba separado de su pareja. Un detalle llamativo del informe socioambiental menciona que su propia madre debe ayudar económicamente a su ex y a su hija, lo que refuerza la imagen de precariedad económica que rodeaba al ahora condenado antes de su detención.

El nexo con el tráfico y el temor a la policía

Uno de los pilares de la condena fueron los mensajes extraídos de su teléfono celular Alcatel, los cuales confirmaron que el almacenamiento no era un hecho aislado, sino parte de una red de distribución. En diálogos mantenidos por Messenger y WhatsApp, Romero García coordinaba entregas, consultaba sobre la calidad de la droga ("¿Lo probaste?") y negociaba precios, llegando a justificar aumentos porque a él también le habían subido el costo de la mercadería.

Un apartado especial en el análisis de las pruebas lo ocupan las comunicaciones del 30 de agosto de 2025, apenas unos días antes del allanamiento que terminaría con su detención. En estos mensajes, Romero García manifiesta una creciente preocupación por el paso constante de personal de investigaciones por la puerta de su casa.

En una charla con un contacto identificado como "German German", el municipal relata un episodio que genera múltiples interrogantes sobre su relación con miembros de la fuerza de seguridad. Romero describe cómo el personal de investigaciones miraba hacia su domicilio ("miraban para el lado de casa") y menciona diálogos que sugieren una extraña familiaridad o, al menos, un conocimiento de los movimientos internos de la policía.

Lo más inquietante surge cuando Romero García afirma que un "jefe de investigaciones" le habría dicho a un tercero que "no vaya a la fiscalía", pidiendo disculpas por el mal comportamiento de otro efectivo. "Que no vaya, que al pedo iba a ir a la fiscalía", escribe el imputado, aunque luego confiesa con desconfianza: "yo no le creo nada igual". En la misma secuencia, menciona nombres propios, indicando que le preguntaría a alguien llamado "Camejo" si tenía novedades y refiere tener el número de teléfono de un oficial apodado "el gordito Larrosa", con quien aparentemente había tenido algún roce previo.

Finalmente, el Tribunal ratificó el acuerdo de juicio abreviado, considerando que la prueba era abrumadora y que el propio reconocimiento del imputado cerraba cualquier duda sobre su autoría en el delito de almacenamiento.