Este lunes 20 de julio se reanuda la actividad ordinaria en los tribunales entrerrianos y, con ella, un calendario cargado como pocas veces: votos pendientes en la Corte Suprema de Justicia que pueden devolver a la c谩rcel al exgobernador Sergio Urribarri, al exministro Pedro B谩ez y a Juan Pablo Aguilera; una causa por coimas elevada a juicio que espera fecha de debate; un expediente por enriquecimiento il铆cito paralizado por una apelaci贸n que debe resolver Casaci贸n; y el primer juicio oral del semestre con fecha confirmada, la causa ATER, que comienza el 3 de agosto. Y a ello se puede sumar la reactivaci贸n de la causa Securitas, donde aparecen involucrados los hermanos T贸rtul y varios exfuncionarios de ENERSA de la administraci贸n del exgobernador Gustavo Bordet.
La feria de invierno, que se extendi贸 del 6 al 17 de julio, funcion贸 como un par茅ntesis en un a帽o que ya ven铆a marcado por resoluciones de peso. Lo que viene ahora es la etapa en la que buena parte de los expedientes de corrupci贸n m谩s importantes de la historia institucional de la provincia deber谩n encontrar, finalmente, su desenlace. Y el orden de los factores no es casual: casi todos los caminos conducen, de una u otra forma, a Sergio Daniel Urribarri, el hombre que concentra la mayor cantidad de frentes judiciales abiertos de la pol铆tica entrerriana.
El primer frente, y el de mayor voltaje, se dirime a 470 kil贸metros de Paran谩, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. All铆, la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n tiene a resoluci贸n el recurso de queja vinculado a las condenas del denominado Megajuicio, el proceso que en abril de 2022 termin贸 con Urribarri sentenciado a ocho a帽os de prisi贸n e inhabilitaci贸n perpetua para ejercer cargos p煤blicos, por reunir dineros p煤blicos al servicio de su campa帽a presidencial. En esa misma sentencia -dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paran谩 integrado por Jos茅 Mar铆a Chemez, Elvio Garz贸n y Carolina Castagno-, fueron condenados a seis a帽os y seis meses de c谩rcel el exministro de Cultura y Comunicaci贸n Pedro 脕ngel B谩ez y el cu帽ado del exgobernador y exfuncionario del Senado provincial, Juan Pablo Aguilera.
La C谩mara de Casaci贸n Penal ratific贸 las condenas en 2023 y, en abril de 2024, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia rechaz贸 el recurso de queja de las defensas, con lo cual las sentencias quedaron firmes en territorio entrerriano. Pero seis meses despu茅s, en octubre de 2024, el propio STJ tom贸 una decisi贸n tan pol茅mica como determinante: con los votos de Gisela Schumacher -que modific贸 su posici贸n inicial- y Germ谩n Carlomagno, y la disidencia de Miguel 脕ngel Giorgio, concedi贸 los recursos extraordinarios federales y habilit贸 a los condenados a llegar a la Corte Suprema. El argumento fue una supuesta incongruencia entre los vocales que hab铆an confirmado la sentencia. La resoluci贸n tuvo, adem谩s, una particularidad dif铆cil de explicar: se le concedi贸 la v铆a recursiva a B谩ez pese a que su defensa, por un error en la firma del escrito, ni siquiera la hab铆a solicitado.
Aquella decisi贸n permiti贸 que las condenas no quedaran firmes y que los sentenciados recuperaran la libertad. Urribarri y Aguilera hab铆an pasado 50 d铆as con prisi贸n preventiva hasta que el STJ orden贸 soltarlos en enero de 2025, mientras que B谩ez transita el proceso bajo la modalidad de prisi贸n domiciliaria, en su casa quinta de calle Jozami de la capital entrerriana. Desde octubre de 2025, el recurso de queja comenz贸 a moverse en la Corte Suprema. Todo indica que ya votaron los tres ministros, pero a煤n no se inform贸 al respecto y permanece en un sector burocr谩tico del alto cuerpo. Al parecer, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz habr铆an votado en la misma sinton铆a y de esa manera confirmar铆an los fallos de los jueces entrerrianos. Si efectivamente el m谩ximo tribunal del pa铆s rechaza la queja y convalida lo resuelto en primera instancia, en Casaci贸n y en el STJ, los tres condenados deben volver a la c谩rcel de Paran谩. Urribarri pasar铆a a la historia no solamente como el primer gobernador entrerriano reelecto en forma consecutiva, sino como el primero en cumplir una condena de prisi贸n por corrupci贸n con sentencia firme en las cuatro instancias.
El segundo frente tambi茅n tiene al exgobernador como protagonista y es, de todos los expedientes elevados a juicio sin fecha de debate, el m谩s maduro: la causa Coimas. La investigaci贸n, que se gener贸 tras una denuncia de AN脕LISIS en 2017, sostiene que Urribarri, primero como ministro de Gobierno y luego como titular del Poder Ejecutivo, se interes贸 en favorecer sistem谩ticamente a la firma Relevamientos Catastrales S.A. (RELCAT), presidida por el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, su socio y amigo, en la contrataci贸n de desarrollo e implementaci贸n de software para la administraci贸n p煤blica provincial. El Ministerio P煤blico Fiscal pidi贸 para el exgobernador una condena de diez a帽os de prisi贸n.
Tras un proceso de remisi贸n que se oraliz贸 en m煤ltiples audiencias entre marzo de 2024 y marzo de 2025, el juez de Garant铆as Juli谩n Vergara envi贸 el legajo a juicio oral. En el banquillo se sentar谩n, junto a Urribarri y Cardona Herreros, el exdirector de Inform谩tica Carlos Marcelo Haidar. Los dem谩s exfuncionarios de la gesti贸n urribarrista alcanzados por la investigaci贸n eligieron otro camino: el del juicio abreviado, que implica reconocer el delito cometido a cambio de penas menores. Por esa v铆a pasaron el exsecretario de Presupuesto y Finanzas Luis Alfonso Erbes, el exsecretario de Hacienda Jos茅 Humberto Flores y Guillermo Smaldone -condenado a dos a帽os y ocho meses de prisi贸n condicional y una multa-, adem谩s del exdirector General de Ajustes y Liquidaciones Miguel 脕ngel Ulrich, quien suscribi贸 en febrero de este a帽o el acuerdo en el que admiti贸 su responsabilidad en el favorecimiento sistem谩tico de RELCAT. Esos reconocimientos de culpabilidad no son un dato menor: llegan al debate oral como piezas que ya describen, de pu帽o y letra de sus protagonistas, el funcionamiento del esquema de coimas.
El 煤ltimo eslab贸n procesal se cerr贸 el 8 de mayo de 2026, cuando la Sala Penal N潞 1 del Superior Tribunal de Justicia rechaz贸 por mayor铆a -con los votos de Miguel 脕ngel Giorgio y Susana Medina, y la disidencia de Daniel Omar Carubia- los recursos de queja de las defensas de Urribarri, Cardona Herreros y Haidar, y dej贸 expedito el camino hacia el debate oral, sin nuevas revisiones extraordinarias sobre nulidades, exclusiones probatorias y pedidos de sobreseimiento. Con las v铆as recursivas a nivel provincial agotadas, la fijaci贸n de fecha por parte de la Oficina de Gesti贸n de Audiencias es una de las decisiones que la reanudaci贸n de la actividad judicial puede destrabar en las pr贸ximas semanas. Ser谩 el dato a seguir con atenci贸n.
El tercer frente es la causa por enriquecimiento il铆cito, la m谩s antigua de las que pesan sobre el exmandatario: naci贸 de una denuncia presentada en 2015 por los abogados Rub茅n Pagliotto y Guillermo Mulet, despu茅s de la publicaci贸n de la revista AN脕LISIS dos semanas antes. Seg煤n la pericia contable del Ministerio P煤blico Fiscal, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015 Urribarri increment贸 su patrimonio en 1.546.772 pesos, 7.245.441 d贸lares y 16.300 euros, un crecimiento que no pudo justificar. En la maniobra habr铆a participado, otra vez, Cardona Herreros, se帽alado como presunto testaferro. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano pidieron cinco a帽os y seis meses de prisi贸n para el exgobernador y cinco a帽os de cumplimiento efectivo para el empresario.
Las audiencias de remisi贸n a juicio se desarrollaron entre marzo y abril de este a帽o ante el juez de Garant铆as Mariano Budasoff, quien qued贸 a cargo del expediente luego de que prosperara la recusaci贸n contra Juli谩n Vergara, decisi贸n que a su vez fue apelada por la Fiscal铆a por entender afectada la garant铆a del juez natural. A fines de marzo, Budasoff rechaz贸 los pedidos de sobreseimiento por prescripci贸n, afectaci贸n del plazo razonable y ne bis in idem que plantearon las defensas. Pero concedi贸, con efecto suspensivo, la apelaci贸n contra el rechazo de las exclusiones probatorias: en discusi贸n est谩n dos informes del Gabinete de Inform谩tica Forense y los elementos secuestrados en el allanamiento de un inmueble del country San Jorge Village, en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires. Ese efecto suspensivo implic贸 la paralizaci贸n de las audiencias de remisi贸n hasta que el planteo sea resuelto en la instancia revisora. Es el otro despacho que el fin de la feria puede poner en movimiento: mientras no haya resoluci贸n, la tercera causa contra Urribarri sigue congelada.
B谩ez, un enriquecimiento con elevaci贸n a juicio pendiente
El exministro que aguarda, junto a Urribarri y Aguilera, la definici贸n de la Corte Suprema por el Megajuicio tiene adem谩s un frente judicial propio que puede deparar novedades en el corto plazo: la causa por presunto enriquecimiento il铆cito que se le sigue desde octubre de 2016, abierta como desprendimiento de las investigaciones que desembocaron en aquella condena. El informe contable elaborado en el marco de la pesquisa concluy贸 que Pedro 脕ngel B谩ez increment贸 su patrimonio de manera injustificada en 4.179.885 pesos hist贸ricos, equivalentes a 632.053 d贸lares. En el expediente figuran, entre otros bienes, la casa quinta de la zona de Toma Vieja -la misma en la que hoy cumple la prisi贸n domiciliaria-, una casona de calle Cervantes, un yate modelo Mamba 25 bautizado Petit Pois, amarrado en el Club N谩utico y valuado en unos 50 mil d贸lares, y la firma Innova Turismo, de la que su entonces esposa era socia. La Fiscal铆a sostiene, adem谩s, que existen elementos para considerar probable que el empresario Germ谩n Buffa haya actuado como testaferro del exfuncionario.
En abril de 2025, los fiscales Juan Francisco Ram铆rez Montrull y Gonzalo Badano requirieron ante la jueza de Garant铆as Elisa Zilli la elevaci贸n a juicio del expediente, con un pedido de pena de cinco a帽os de prisi贸n efectiva para B谩ez y de tres a帽os y medio para su exesposa, Sof铆a Riquelme, a quien atribuyen el delito en car谩cter de part铆cipe primaria. La defensa contraatac贸 con un planteo de sobreseimiento por violaci贸n del plazo razonable, con el argumento de que la investigaci贸n se inici贸 en 2016 y reci茅n en noviembre de 2023 el exministro fue intimado formalmente por enriquecimiento. La resoluci贸n sobre esa remisi贸n es, precisamente, una de las definiciones que la reanudaci贸n de la actividad judicial puede destrabar: si el expediente supera la etapa intermedia, B谩ez quedar谩 en condiciones de afrontar su segundo juicio oral, esta vez por el patrimonio que la Fiscal铆a considera inexplicable.
Mientras tanto, el 3 de agosto de 2026 comienza el juicio oral de la causa ATER, seg煤n dispuso la Oficina de Gesti贸n de Audiencias del Poder Judicial. El expediente se origin贸 en las denuncias presentadas en 2014 por Marcelo Casaretto, quien fue director Ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre R铆os entre 2011 y 2015, y fue elevado a juicio en 2021. La Fiscal铆a de Estado de la provincia, constituida como querellante, adhiri贸 al pedido de elevaci贸n del Ministerio P煤blico Fiscal. Casaretto fue citado a comparecer como denunciante, un rol que en el sistema procesal entrerriano lo ubica como testigo clave, mientras la acusaci贸n queda en manos de la Fiscal铆a. Ser谩, as铆, el primer debate oral de una causa de corrupci贸n administrativa del semestre.
Detr谩s de estos cuatro frentes se despliega el resto del rosario de expedientes que aguardan definici贸n. El caso m谩s prolongado es el del exdiputado provincial del PJ por Nogoy谩 y titular de UPCN Entre R铆os, Jos茅 脕ngel Allende: se cumplen 14 a帽os desde que AN脕LISIS public贸, en marzo de 2012, la denuncia period铆stica que dio origen a la causa. Allende intent贸 en dos oportunidades cerrar el expediente mediante juicios abreviados que fueron sistem谩ticamente rechazados por la Justicia. En el acuerdo de agosto de 2021 lleg贸 a reconocer un enriquecimiento il铆cito superior a 1.069.841 d贸lares, adem谩s de delitos de negociaciones incompatibles con la funci贸n p煤blica y amenazas. Pese a todo, enfrenta reci茅n ahora la perspectiva concreta de un juicio oral, todav铆a sin fecha, mientras se mantiene como uno de los dirigentes gremiales de mejor di谩logo con el gobierno de Rogelio Frigerio. En la misma lista de causas elevadas y sin fecha de debate se inscriben los expedientes por delitos de corrupci贸n que involucran al actual intendente de Santa Elena y aliado pol铆tico del gobernador, Domingo Daniel Rossi.
Securitas, el frente federal que puede reactivarse
A los expedientes provinciales se suma un frente federal que puede volver a moverse en cualquier momento y que apunta de lleno al coraz贸n del gobierno de Gustavo Bordet: la causa Securitas, que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro bajo la instrucci贸n de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con el impulso del fiscal Fernando Dom铆nguez. La investigaci贸n naci贸 de una auditor铆a interna de la filial argentina de la multinacional sueca de seguridad, que en 2019 detect贸 pagos de coimas a funcionarios p煤blicos desde al menos 2013 para garantizar contratos con organismos estatales de todo el pa铆s. En la autodenuncia posterior, la propia empresa admiti贸 haber pagado sobornos a representantes de AySA, el Renaper, el Senasa, la Anmac y ENERSA, la distribuidora el茅ctrica estatal entrerriana que se convirti贸 en el epicentro del cap铆tulo provincial del expediente.
En mayo de 2024, Arroyo Salgado proces贸 a los empresarios paranaenses Claudio y Marcelo T贸rtul y a los gerentes de ENERSA Marcelo Morales, Juan Carlos Pimentel y Alejandro Cis, y un a帽o despu茅s la C谩mara de Casaci贸n ratific贸 su competencia sobre el tramo entrerriano. El coraz贸n probatorio de la causa es un peritaje de 25.557 p谩ginas de conversaciones de WhatsApp extra铆das de los tel茅fonos de los hermanos T贸rtul, que abarca desde diciembre de 2016 hasta abril de 2024 y menciona al exgobernador Bordet en 98 ocasiones, con referencias directas a supuestos pagos ilegales que habr铆an llegado hasta el propio exmandatario, como as铆 tambi茅n al exvicegobernador Ad谩n Bahl, actual senador nacional del PJ entrerriano. Son varios los exfuncionarios y actuales funcionarios que aparecen mencionados en esos chats (incluso el actual gobernador, en los meses previos a su asunci贸n al cargo), pero la jueza solo le apunt贸 al exsecretario general de la Gobernaci贸n y exsenador nacional del PJ, Edgardo Kuaider, pese a que en los chats solo se nombra a un tal 鈥淨uaider鈥, que ser铆a otra persona oriunda de Concordia.
La causa, adem谩s, mostr贸 movimiento hasta las puertas de la feria: a comienzos de julio, a pedido del fiscal Dom铆nguez, ENERSA remiti贸 al juzgado de San Isidro listas de nombres, poderes y su investigaci贸n interna. De esa documentaci贸n surge un dato demoledor: solo entre 2022 y 2024, la distribuidora pag贸 a la empresa de los T贸rtul m谩s de 1.300 millones de pesos por encima de lo que correspond铆a por el servicio de seguridad, con sobreprecios y sobrepagos de casi el 900 por ciento. ENERSA otorg贸 tambi茅n un poder especial al fiscal de Estado, Julio Rodr铆guez Signes, para promover acciones legales contra Securitas en procura de una reparaci贸n patrimonial por los da帽os sufridos, aunque hasta el momento no se inform贸 oficialmente ning煤n avance en ese sentido. En paralelo, el Ministerio P煤blico Fiscal de Entre R铆os mantiene abierta una investigaci贸n sobre el patrimonio declarado por Bordet, todav铆a sin imputaci贸n formal. Cada nuevo despacho de Arroyo Salgado tiene, por eso, potencial para sacudir el tablero pol铆tico provincial: es el 煤nico expediente en el que las esquirlas alcanzan, simult谩neamente, a un exgobernador, a un senador nacional en ejercicio y a un exsenador detenido en el extranjero.
