La documentación reunida por la AFIP y por la Gendarmería Nacional describe un sistema completo: fideicomisos que se reciclan para esconder costos, una constructora que sería una fachada, farmacias cuyas ventas se cuadruplican sin que los bancos se enteren, “cuevas”, dólares y cuentas en el exterior, según comprobó ANÁLISIS. No se trata solamente de impuestos impagos. Se trata de cómo se blanquea el dinero.

Por Daniel Enz

Hay causas que se agotan en una cifra. Ésta no. Lo que la Justicia Federal de Paraná tiene entre manos desde hace más de dos años no es un contribuyente que dejó de pagar, sino la descripción de un sistema: una arquitectura de sociedades, fideicomisos, cuentas bancarias y razones sociales diseñada -según sostienen dos organismos del Estado- para producir ganancias fuera de todo registro y después devolverlas al circuito legal con apariencia de negocio lícito. Por su volumen, por la cantidad de personas y empresas involucradas y por el poder económico y social de sus protagonistas, es una de las investigaciones más salientes que haya conocido la provincia.

La causa lleva el número FPA 9744/2023, tramita ante el Juzgado Federal N° 1 y está delegada en el fiscal Leandro Ardoy. Nació de una denuncia de la AFIP-DGI por evasión tributaria agravada y, en pocos meses, se amplió con el artículo 303 del Código Penal: lavado de activos. Alcanza al contador Enrique Gustavo Passadore, a su socio Juan Carlos Fabián Kochendoerfer, a Fabián Villegas y su esposa, a sus hijos Máximo, Ignacio y Augusto, y a las firmas Consultora P&K SA y Brick Construcciones SRL, ligadas al grupo empresario. Todos ellos están imputados, ninguno fue indagado ni procesado, y conservan intacta la presunción de inocencia. Lo que sigue es la reconstrucción de lo que sostienen el fisco y la Fuerza de Seguridad que investigó, a partir de documentación a la que accedió ANÁLISIS. No es una sentencia. Es, sí, el detalle de aquello que la Justicia deberá confirmar o descartar.

Vale la pena dimensionar de qué se habla. El grupo llegó a controlar alrededor de treinta farmacias distribuidas por toda la provincia, (en San Salvador, en su momento Farmacia Las Avenidas pertenecía al grupo) con una concentración del rubro que no tiene antecedentes en Entre Ríos. Su crecimiento a pasos agigantados lo venía marcando esta revista desde principios de 2000, pero nadie lo tuvo en cuenta ni le importó demasiado. Los 16 allanamientos simultáneos que se ejecutaron en septiembre de 2024 sobre la sede central, domicilios particulares, depósitos y el estudio contable constituyeron el operativo más grande que recuerde la capital entrerriana en una causa de esta naturaleza. Y durante años, mientras el crecimiento sucedía a la vista de todos, nadie se metió con los dueños de las farmacias Villegas: ni los organismos de control, que miraron para otro lado, ni buena parte de una sociedad paranaense que prefirió disfrutar de la cercanía con el clan antes que preguntar de dónde salía tanto dinero.

El punto de partida de la investigación fue una coincidencia que llamó la atención de los inspectores. Distintos contribuyentes de Paraná, de rubros que nada tenían que ver entre sí, presentaban irregularidades y tenían un solo elemento en común: todos eran controlados y administrados por el mismo hombre: Enrique Gustavo Passadore, contador, con estudio en Pasaje Baucis 486, en pleno casco histórico de la ciudad capital. El fisco lo definió como “el eje central” de una serie de maniobras.

La hipótesis oficial se diagramó en tres tramos. En el primero, Passadore y Kochendoerfer construían edificios en Paraná a través de fideicomisos al costo y, en esa operatoria, evadían impuestos por cifras considerables. En el segundo, esas ganancias que quedaban en el circuito marginal se volcaban a nuevos negocios. En el tercero -y aquí está el salto que le da a la causa toda su dimensión- esos negocios pasaron a ser también un emprendimiento gastronómico y, sobre todo, la compra de farmacias del grupo Villegas, una familia que protagonizaba la mayor expansión del rubro que haya visto la provincia mientras estaba, formalmente, en quiebra.

Fideicomisos que no mueren nunca

Conviene detenerse en la figura, porque sin entenderla no se entenderá la causa. El fideicomiso de construcción al costo es un contrato lícito y de uso extendido en Paraná: un grupo de personas aporta dinero o un terreno, un fiduciario administra ese patrimonio con el encargo de construir y, terminada la obra, adjudica las unidades. Su virtud para el comprador es que paga el costo real, sin el sobreprecio del desarrollador. Y su rasgo esencial es otro: el fideicomiso nace para un fin determinado y muere cuando ese fin se cumple.

El corazón de la maniobra que describen los investigadores consiste, precisamente, en no dejarlos morir. La Consultora P&K SA -la sociedad de los dos contadores, con el mismo domicilio del estudio, administradora fiduciaria de 22 fideicomisos- siguió utilizando los ya finalizados: les imputaba los gastos y les registraba los empleados de las obras que recién estaban en construcción.

El efecto era doble y “elegante”. La obra nueva casi no registraba costos, porque los costos viajaban hacia fideicomisos ya cerrados; y así, al finalizar y adjudicar las unidades, podían ser declarados a valores sensiblemente menores a los reales. Menos costo declarado hoy, menos impuesto mañana. De paso, el personal de la construcción quedaba registrado donde no trabajaba y con remuneraciones por debajo de las verdaderas, con lo que las deudas previsionales se volvían casi imposibles de rastrear. La concentración de toda la actividad en manos de la consultora -señaló el fisco en su denuncia ante la Justicia Federal-, permitía manejar a su antojo la distribución de la facturación, de modo que la obra en construcción no pagara un solo impuesto ni aporte al régimen de seguridad social.

Lo notable es que esto no se dedujo desde un escritorio: se relevaba en la vereda, obrero por obrero. En mayo de 2016, en la obra de Salta 444 de Paraná, diez trabajadores encuestados dijeron pertenecer a un fideicomiso de calle La Rioja cuya obra ya estaba terminada. En junio de 2017, en la obra de Salta 471, otros diez manifestaron ser empleados del Fideicomiso Salta 444. En junio de 2022, en la obra de San Juan 343 -once pisos, cuatro departamentos por piso-, trece personas declararon trabajar para el Fideicomiso Salta 475. En agosto de ese año, en la obra de Nux 733, otras seis figuraban declaradas otra vez por Salta 475, un edificio terminado hacía más de una década.

 (Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1172, del día 16 de julio de 2026)