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Provinciales 15-06-26 | 16:36 hs.
Entre R铆os: cuando la pobreza sigue creciendo y el Estado nacional achica la asistencia.
En Concordia, casi la mitad de la poblaci贸n es pobre y m谩s de uno de cada 10 vecinos no re煤ne siquiera el dinero para comprar la comida que necesita. En el Gran Paran谩, un tercio de las familias vive por debajo de la l铆nea de pobreza. En las dos ciudades el cuadro empeor贸 en el 煤ltimo tramo de 2025, contra la tendencia nacional.
Entre R铆os: cuando la pobreza sigue creciendo y el Estado nacional achica la asistencia.

En Concordia, casi la mitad de la poblaci贸n es pobre y m谩s de uno de cada 10 vecinos no re煤ne siquiera el dinero para comprar la comida que necesita. En el Gran Paran谩, un tercio de las familias vive por debajo de la l铆nea de pobreza. En las dos ciudades el cuadro empeor贸 en el 煤ltimo tramo de 2025, contra la tendencia nacional. Mientras la necesidad se multiplica, la asistencia que la Naci贸n canaliza a trav茅s de los comedores se achica; mientras se cierran y se dan de baja registros, crece el n煤mero de chicos que dependen de un plato de comida que ya no garantiza el Estado nacional, sino la escuela, el municipio o la olla del barrio. Mientras la necesidad se multiplica, la asistencia que la Naci贸n canaliza a trav茅s de los comedores se achica; mientras se cierran y se dan de baja registros, crece el n煤mero de chicos que dependen de un plato de comida que ya no garantiza el Estado nacional, sino la escuela, el municipio o la olla del barrio. El dato no surge de una estimaci贸n ni de una denuncia opositora: lo inform贸 el propio Ministerio de Capital Humano, en respuesta a un pedido de acceso a la informaci贸n p煤blica realizado por AN脕LISIS.

La respuesta oficial, fechada el 12 de junio de 2026 y tramitada bajo el expediente EX-2026-43160916, permite hacer algo que pocas veces se puede: poner las cifras del gobierno al lado de la realidad que se ve en la calle. Y el contraste es dif铆cil de digerir. Conviene empezar por el tama帽o del problema, con los n煤meros m谩s recientes del Instituto Nacional de Estad铆stica y Censos (INDEC), correspondientes al segundo semestre de 2025 y difundidos a fines de marzo de 2026. En Concordia, la pobreza alcanz贸 al 49,9 por ciento de las personas y la indigencia al 13,6 por ciento. Son los dos 铆ndices m谩s altos de todo el pa铆s: Concordia es, una vez m谩s, la ciudad m谩s pobre y la m谩s indigente de la Argentina. Y es una de las pocas en las que ambos indicadores, en lugar de bajar, subieron respecto del semestre anterior, cuando la pobreza era del 49,2 y la indigencia del 12,3 por ciento.

En el Gran Paran谩, que abarca a la capital provincial junto a San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull, la pobreza lleg贸 al 31,1 por ciento, lo que significa 89.902 personas y 22.194 hogares. La indigencia trep贸 al 8,8 por ciento: 25.500 personas y 6.323 hogares que no logran cubrir una canasta b谩sica de alimentos. Ese porcentaje, adem谩s, creci贸 respecto del comienzo del a帽o. Detr谩s de cada punto de esa estad铆stica hay una escena cotidiana en cualquier barrio de Paran谩: la fila que se alarga en el comedor, la olla que se estira con m谩s agua, el changar铆n que vuelve a casa sin lo necesario para la cena. La indigencia, traducida del lenguaje t茅cnico, es eso: hambre.

Frente a ese panorama, 驴qu茅 financi贸 la Naci贸n? La Direcci贸n Nacional de Programas Alimentarios, a cargo de Miguel 脕ngel Villelli, detall贸 que el programa Alimentar Comunidad, que transfiere fondos para la compra de alimentos a comedores y merenderos, lleg贸 en Entre R铆os a apenas diecis茅is espacios entre mayo de 2024 y abril de 2026. Diecis茅is comedores para una provincia de m谩s de un mill贸n cuatrocientos mil habitantes, con una ciudad capital que tiene casi noventa mil pobres y otra, Concordia, que encabeza el ranking nacional de la miseria.

El valor de la prestaci贸n tampoco ayuda a dimensionar generosidad. La c谩pita de Alimentar Comunidad fue fijada por la Resoluci贸n 581 de agosto de 2024 en 763 pesos por el servicio de almuerzo o cena, y en 383 pesos por el de desayuno o merienda. Esos montos, definidos hace casi dos a帽os, no se actualizaron en la respuesta oficial, mientras la inflaci贸n de alimentos sigui贸 corriendo mes a mes. Sumado el 煤ltimo per铆odo de cobro de los diecis茅is comedores entrerrianos, el monto consolidado apenas super贸 los 35 millones de pesos.

Existe un segundo programa, Abordaje Comunitario, financiado en el marco de un proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su l铆nea de m贸dulos secos. All铆 los fondos no llegan a cada comedor, sino a organizaciones que los distribuyen, por lo que el Estado admite que no individualiza cu谩nto recibe cada espacio. Pero la tendencia tambi茅n es de retirada: en Entre R铆os se financiaron 116 espacios comunitarios en 2024, 93 en 2025 y apenas 64 en 2026. En dos a帽os, la cobertura se redujo casi a la mitad.

Un registro dado de baja

Hay una decisi贸n que explica buena parte de este repliegue y que el propio Ministerio reconoci贸. Mediante la Resoluci贸n 393/2025, del 18 de julio de 2025, la Secretar铆a Nacional de Ni帽ez, Adolescencia y Familia dej贸 sin efecto el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios, el RENACOM. La medida se fund贸, seg煤n el Gobierno, en debilidades e inconsistencias detectadas por la Sindicatura General de la Naci贸n en un informe de mayo de 2025, que cuestion贸 la confiabilidad de los datos.

La consecuencia es contundente: desde entonces no se gener贸 ninguna base nueva, porque la herramienta dej贸 de funcionar. El Estado nacional admite, con todas las letras, que hoy no tiene un padr贸n vigente de cu谩ntos comedores y merenderos est谩n abiertos en el pa铆s. La 煤nica informaci贸n que conserva es hist贸rica. Para Entre R铆os, esa foto del pasado registra 118 comedores y merenderos que alguna vez estuvieron matriculados. Cu谩ntos siguen funcionando hoy, y con qu茅 apoyo, es algo que el propio Gobierno reconoce no saber.

El achicamiento entrerriano no es un accidente local, sino el reflejo de una decisi贸n nacional. Seg煤n el informe de ejecuci贸n presupuestaria que elabor贸 el Centro de Econom铆a Pol铆tica Argentina sobre los primeros cinco meses de 2026, el presupuesto destinado a Pol铆ticas Alimentarias para este a帽o prev茅 67.104 millones de pesos, una reducci贸n del 15,8 por ciento respecto de los 79.700 millones que se asignaron a los comedores en 2025. El recorte se profundiza, adem谩s, en un contexto en el que la inflaci贸n de los alimentos vino superando el tres por ciento mensual: menos plata nominal y, en t茅rminos reales, mucho menos comida.

La pol铆tica de inclusi贸n de comedores en el programa Alimentar Comunidad lleg贸 incluso a la Justicia. El Centro de Estudios Legales y Sociales y la Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular reclamaron judicialmente que no se interrumpa el proceso de relevamiento e incorporaci贸n de comedores al plan, y la primera respuesta del Ministerio de Capital Humano fue oponerse. El dato que ahora aporta la informaci贸n p煤blica -diecis茅is comedores financiados en toda una provincia- le pone n煤mero a aquella disputa.

Si los comedores se contraen, hay un componente que el gobierno coloca, sin disimulo, en el centro de su estrategia: la Prestaci贸n Alimentar, antes conocida como Tarjeta Alimentar. Su l贸gica es la inversa a la del comedor comunitario. En lugar de fondear ollas, transfiere dinero de manera directa a los titulares a trav茅s de la ANSES, y el Estado lo presenta como una manera de garantizar la trazabilidad y eliminar intermediarios. Es, en palabras del propio Ministerio, la herramienta central de la pol铆tica alimentaria nacional, en el marco de una decisi贸n expl铆cita de reducir la intermediaci贸n.

Conviene situar el cuadro entrerriano en el mapa grande. En el segundo semestre de 2025, seg煤n el INDEC, el 28,2 por ciento de las personas de los principales centros urbanos del pa铆s estaba bajo la l铆nea de pobreza y el 6,3 por ciento en la indigencia. Extrapolado a la poblaci贸n total, son unos 13,5 millones de argentinos pobres. Sobre ese universo, el gobierno asienta su pol铆tica central: la Prestaci贸n Alimentar alcanza, a nivel nacional, a m谩s de 2,5 millones de titulares y a aproximadamente 4,5 millones de beneficiarios, incluida la extensi贸n de la cobertura hasta los 17 a帽os. Es, en escala, la mayor herramienta alimentaria del Estado; y es, tambi茅n, casi la 煤nica que crece.

En Entre R铆os, la progresi贸n de titulares de esa prestaci贸n es sostenida. En diciembre de 2023, al cierre de la gesti贸n anterior, hab铆a 65.967 titulares en la provincia. En diciembre de 2024 ya eran 73.480; en diciembre de 2025, 73.634; y en abril de 2026, 74.076, distribuidos en 186 municipios. En poco m谩s de dos a帽os, ocho mil entrerrianos m谩s pasaron a depender de esa transferencia. El gobierno nacional, adem谩s, aument贸 los montos un 38 por ciento en mayo de 2026, mediante la Resoluci贸n 161/2026, para intentar recomponer el poder de compra perdido.

Pero el modelo tiene un costado que la estad铆stica no muestra del todo. La transferencia llega a la tarjeta de la familia, s铆, pero compite contra una inflaci贸n de alimentos que la erosiona mes a mes. Y deja afuera, por definici贸n, a quienes sostienen la red comunitaria: el comedor de barrio que da de comer a treinta chicos no recibe una tarjeta, recibe -cuando recibe- un subsidio que ahora alcanza a apenas diecis茅is espacios en toda la provincia. La autonom铆a del hogar que el gobierno pondera se construye, en los hechos, sobre el desmantelamiento de la olla colectiva.

Lo que sostienen la provincia y los barrios.

El vac铆o que deja la Naci贸n no desaparece: se traslada. Lo absorben los gobiernos provinciales, los municipios y, sobre todo, las organizaciones barriales. En Entre R铆os, la propia Asociaci贸n Trabajadores del Estado (ATE) advirti贸 sobre el ajuste en las partidas alimentarias y record贸 un dato que define la dimensi贸n del problema: cerca de cien mil estudiantes almuerzan a diario en las escuelas entrerrianas y casi doscientos mil ni帽os, ni帽as y adolescentes reciben alg煤n tipo de asistencia alimentaria entre desayuno, merienda y comedor escolar. En muchos hogares, se帽al贸 el gremio, esa comida escolar es la m谩s importante del d铆a, y muchas veces la 煤nica comida fuerte.

Esa cifra dialoga, de manera brutal, con la respuesta del Ministerio nacional. Mientras casi doscientos mil chicos entrerrianos dependen de la asistencia alimentaria escolar, la Naci贸n financia diecis茅is comedores comunitarios en la provincia. La contenci贸n, hoy, la garantizan otros: la escuela p煤blica, el municipio que pone sus propios recursos, la cocinera que abre su casa y reparte lo que puede. El comedor barrial, ese que el discurso oficial supo estigmatizar, sostiene a miles de familias justamente porque el Estado nacional se retir贸.

La misma l贸gica se ve en otra l铆nea olvidada. La respuesta oficial reconoci贸 que la asistencia a personas con celiaqu铆a en Entre R铆os se interrumpi贸: hubo dos convenios con la provincia, de 2023 y 2024, por 36,6 y 41,5 millones de pesos, para asistir a 489 y 525 personas respectivamente. Despu茅s, nada. Desde fines de 2024 no se renov贸 esa ayuda, y al momento de la respuesta la Secretar铆a todav铆a estaba 鈥渢rabajando en la viabilidad t茅cnica administrativa鈥 para volver a financiarla. Mientras tanto, los cel铆acos en situaci贸n de vulnerabilidad resuelven como pueden el sobreprecio de una dieta sin gluten.

Hay un cap铆tulo de la respuesta que merece atenci贸n por lo que revela del v铆nculo entre la Naci贸n y la provincia. Desde el 谩rea de Promoci贸n y Protecci贸n Integral, el Estado inform贸 que en Entre R铆os, entre diciembre de 2023 y abril de 2026, percibieron la reparaci贸n econ贸mica prevista por la Ley 27.452 un total de 47 destinatarios. Esa norma protege a los hijos de mujeres v铆ctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia de g茅nero, y les reconoce una reparaci贸n mensual equivalente a un haber jubilatorio m铆nimo, adem谩s de cobertura de salud. Cuarenta y siete chicos y j贸venes entrerrianos que cargan con la peor de las orfandades y a los que el Estado, al menos en el papel, acompa帽a.

La misma direcci贸n enumer贸 cuatro convenios vigentes con el Consejo Provincial del Ni帽o, el Adolescente y la Familia: para implementar un decreto de prestaciones, para un registro de medidas de protecci贸n, para el acompa帽amiento del egreso de j贸venes sin cuidados parentales y para la cooperaci贸n en materia penal juvenil. En los cuatro casos, el Estado nacional consign贸 la misma frase, repetida como una letan铆a: no implican erogaci贸n presupuestaria para el organismo con el que se suscribi贸 el convenio. Son, en su mayor铆a, acuerdos de coordinaci贸n, sin un giro de fondos a la estructura provincial. La Direcci贸n de Integraci贸n Familiar, por su parte, inform贸 un 煤nico convenio activo: el proyecto Impulso Familiar, firmado en marzo de 2026 con la Municipalidad de Concordia. Uno solo, en la ciudad m谩s pobre del pa铆s.

Queda un punto que atraviesa toda la respuesta y que conviene subrayar, porque habla del v铆nculo entre el Estado y el ciudadano que pregunta. En varias de sus partes, el gobierno se ampara en el art铆culo 5 de la Ley 27.275, que establece que la informaci贸n debe brindarse en el estado en que se encuentre, sin obligaci贸n de procesarla ni clasificarla. Es legalmente v谩lido. Pero en la pr谩ctica funciona como un l铆mite: ante el pedido de cu谩nto transfiri贸 efectivamente la Naci贸n a Entre R铆os, las 谩reas remiten al portal de Presupuesto Abierto, en lugar de elaborar el dato. Para los informes de auditor铆a, derivan al buscador de la Sindicatura. Para el detalle, otra vez a un portal.

A eso se suma un detalle de forma que no es inocente. Toda la informaci贸n lleg贸 embebida dentro de un 煤nico archivo, en una estructura de documentos anidados unos dentro de otros, sin que el cuerpo visible de la nota anticipara cifra alguna. Reci茅n abriendo cada adjunto interno, y los adjuntos de esos adjuntos, aparec铆an los datos. La transparencia, as铆 administrada, existe en el papel; pero le exige al que pregunta una insistencia y una pericia que la mayor铆a no tiene.

La respuesta de Capital Humano permite reconstruir, con n煤meros del propio Estado, un cambio de paradigma: menos comedores, menos registros, menos partidas, y en el otro plato de la balanza, la transferencia directa a la tarjeta como casi 煤nica pol铆tica. Es una decisi贸n leg铆tima de un gobierno elegido, y como tal puede defenderse. Pero los datos que ese mismo gobierno entrega, le铆dos junto a los del INDEC, dibujan una distancia inc贸moda entre la planilla y la mesa familiar.

En la provincia que tiene a la ciudad m谩s pobre de la Argentina, donde casi doscientos mil chicos comen gracias a la asistencia alimentaria escolar y donde la indigencia volvi贸 a subir, la Naci贸n financia diecis茅is comedores y ya no sabe cu谩ntos quedan abiertos. El resto lo sostienen la escuela, el municipio y el vecino. La pregunta que deja la informaci贸n p煤blica no es contable, sino humana: cu谩ntos platos de comida dej贸 de poner el Estado nacional, y qui茅n los est谩 poniendo en su lugar.


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