La causa se origin贸 tras una denuncia efectuada en marzo pasado por la firma damnificada, Arroyo Carqueja SA, al reportar la desaparici贸n de un lote de vacunos que se encontraba bajo custodia y administraci贸n del profesional, en un establecimiento rural ubicado en la zona de Colonia Mabraga帽a.
La apertura de la investigaci贸n, impulsada por la fiscal auxiliar N潞 2 Mar铆a Noelia Batto, se inici贸 debido a que el denunciado hab铆a recibido 537 bovinos y a finales del 2024 habr铆a interrumpido la rendici贸n de cuentas, neg谩ndose a restituir a la empresa propietaria la hacienda y las cr铆as producidas.
Los registros ante la Fundaci贸n de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa) muestran una inconsistencia cr铆tica: mientras en diciembre de 2024 figuraban 517 animales, para mayo de 2025 el veterinario hab铆a declarado una 鈥渆xistencia cero鈥, sin ning煤n tipo de documentaci贸n que avale ventas ni traslados de los animales.
Como parte de las medidas procesales, la Justicia orden贸 la intervenci贸n de la Brigada de Delitos Rurales para inspeccionar el predio ubicado en el kil贸metro 172 de la ruta nacional 14. Asimismo, se solicitaron informes al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Direcci贸n de Hidr谩ulica de Entre R铆os para verificar si existieron fen贸menos clim谩ticos que pudieran justificar t茅cnicamente una mortandad masiva, o si se utilizaron gu铆as de tr谩nsito electr贸nico para desviar la hacienda sin consentimiento del propietario.
Desde la investigaci贸n se busca esclarecer si el ganado fue derivado a otros establecimientos, frigor铆ficos, carnicer铆as o sociedades familiares vinculadas al denunciado o a circuitos comerciales de la zona sin la debida autorizaci贸n, afectando el patrimonio de la empresa denunciante y la transparencia del mercado rural.
Se sospecha que los animales podr铆an haber sido vendidos mediante maniobras irregulares, adulterando documentos, gu铆as de traslado ap贸crifas y planillas simuladas del 贸rgano de sanidad agroalimentaria Senasa y Fucofa.
Este proceso tiene un impacto directo en la seguridad jur铆dica del sector productivo de Entre R铆os, al poner a prueba los sistemas de control ganadero y la trazabilidad de la hacienda en la regi贸n.
Al respecto, el apoderado legal de Arroyo Carqueja SA, el abogado Fernando Zubillaga, confirm贸 que la empresa se present贸 como querellante particular en el expediente iniciado por el presunto delito de 鈥淒efraudaci贸n por retenci贸n indebida o administraci贸n fraudulenta鈥, que prev茅 penas de un mes a seis a帽os de prisi贸n.
鈥淓l perjuicio para la empresa supera los 700 millones de pesos. El denunciado firm贸 contratos en representaci贸n de una sociedad familiar relacionada con dos locales comerciales, ubicados en el centro de la ciudad, por lo que instaremos la investigaci贸n a fin de que se determine la ruta del dinero ante una eventual venta de los animales鈥, afirm贸 el letrado.
Adem谩s, remarc贸 que 鈥渉asta ahora no brind贸 explicaci贸n ni informaci贸n sobre el destino de la hacienda, tampoco ofreci贸 reparaci贸n econ贸mica鈥.
Por su parte, el socio y presidente de Arroyo Carqueja SA, Alfredo Gambaro, sostuvo que 鈥渇uimos v铆ctima de una maniobra de estafa donde hicieron desaparecer cerca de 520 animales y 120 cr铆as de terneros, confiamos en la justicia para que se esclarezca de manera r谩pida y contundente qu茅 pas贸 con los mismos鈥.
Seg煤n fuentes judiciales consultadas, en paralelo a la causa penal existen otros expedientes judiciales que se tramitan ante los juzgados Civil y Comercial N潞 1 y N潞 2 de Col贸n, como en el N潞 5 de Concordia, por reclamos contra el mismo veterinario por deudas que superan los 500 millones de pesos producto de incumplimientos contractuales y t铆tulos ejecutivos no abonados.
La denuncia penal se mezcla con negocios agropecuarios irregulares en tensi贸n con sociedades familiares discutidas, acusaciones cruzadas y una operatoria de cuyos alcances se encuentran bajo investigaci贸n judicial.
El caso de Corrientes
La causa que se investiga en Entre R铆os tiene al menos un antecedente, con el reciente fallo de la Justicia de Corrientes que conden贸 a un productor rural por la desaparici贸n de casi 2 mil cabezas de ganado.
El Tribunal Oral Penal de Mercedes, integrado por Jorge Alberto Troncoso, Juan Manuel Muschietti y Ram贸n Alberto R铆os, imput贸 a R贸mulo Augusto Bobbio por administraci贸n fraudulenta en perjuicio de la empresa Landver SA y determin贸 que el da帽o econ贸mico provocado asciende a US$1,7 millones.
El hecho se remonta a 2020 y ocurri贸 en el departamento correntino de Curuz煤 Cuati谩. La causa calificada como 鈥渁dministraci贸n fraudulenta鈥, fue impulsada por la denuncia de la empresa damnificada y respaldada por una extensa producci贸n probatoria, por la cual se determin贸 que Bobbio, como administrador de la hacienda, habr铆a desviado y vendido los animales sin autorizaci贸n ni rendici贸n de cuentas.
La investigaci贸n avanz贸 con declaraciones de peones, transportistas, funcionarios del Senasa y arrendatarios y se comprob贸 que el imputado hab铆a creado documentos de traslado falsos, simulaba operaciones que nunca existieron y luego hac铆a desaparecer esa documentaci贸n. As铆 evitaba controles policiales. Nadie pudo determinar a d贸nde fue a parar la hacienda. La vendi贸 sin dejar rastros.
La similitud entre ambos casos radica en la metodolog铆a de la supuesta maniobra: la existencia de contratos de capitalizaci贸n de hacienda y la administraci贸n fraudulenta por parte de la persona denunciada sin rendir cuentas ni haber sido autorizado para la venta en beneficio propio.
El caso del influencer santafesino
En otro hecho que involucra una metodolog铆a de estafa similar, la Justicia de Villa Constituci贸n imput贸 al productor agropecuario Nicol谩s Coscia por haber dispuesto ileg铆timamente de 161 bovinos de Bruno Riboldi, conocido como La Joya Agro.
La causa investiga una maniobra con documentaci贸n de tr谩nsito y abuso de confianza, aunque la mayor parte de la hacienda fue recuperada. El acusado habr铆a aprovechado una relaci贸n comercial previa y la confianza depositada en 茅l para mover, vender y dar apariencia de legalidad a una maniobra que termin贸 con 161 bovinos fuera del establecimiento donde estaban alojados y en manos de terceros compradores.
Seg煤n la imputaci贸n, para concretar esa disposici贸n se gestion贸 la emisi贸n y utilizaci贸n de Documentos de Tr谩nsito electr贸nico (DT-e) ante Senasa, en los cuales el imputado no ten铆a facultades para disponer de esos bienes. La maniobra, tal como fue descripta por el fiscal, no solo habr铆a implicado el movimiento irregular del ganado sino tambi茅n la construcci贸n de una apariencia de legitimidad mediante el uso de documentaci贸n oficial.
Los bovinos fueron finalmente localizados y recuperados gracias a las marcas y se帽ales identificatorias. Para la imputaci贸n, el perjuicio patrimonial existi贸 al momento mismo de la disposici贸n y del traslado, con independencia de que despu茅s los animales hayan sido recuperados. Esa precisi贸n no es menor: la Fiscal铆a ubica el da帽o en la p茅rdida de disponibilidad y en el desapoderamiento ileg铆timo, aun cuando parte del stock regres贸 luego a manos de su titular.
