Avanzan los testimonios en la investigación que lleva adelante el fiscal Gonzalo Badano. Un panorama sobre el desguace de maquinarias y bienes del organismo, el uso de los bienes públicos para usufructo privado y algunos personajes que nadie investigó y otros que permanecen en la estructura estatal o gremial con poder e influencias.
José Amado
La contracara de la destrucción y abandono de rutas y caminos de Entre Ríos en las últimas décadas es el enriquecimiento de muchos exfuncionarios de distintos rangos y zonales de la Dirección Provincial de Vialidad. También de privados, sean tradicionales constructoras o los vivos que aparecían de un día para el otro con un sello y se convertían en contratistas. Como cada contrato o compra en esta área del Estado se cuantifica en millones, el robo en sobreprecios, desvíos y retornos le cambia la vida material a cada uno de los que interviene en el esquema de corrupción y a amplias ramas de sus familias: quienes llegaron con una mano atrás y otra adelante, pasan a tener enormes propiedades, flotas de vehículos, viajes por el mundo e hijos en instituciones de elite. Es inocultable pero la impunidad no tiene fin y la estructura judicial para investigar tantos años de saqueo parece insuficiente. Las nuevas autoridades de la gestión de Rogelio Frigerio dieron señales de limpieza, pero pareciera que la estructura de corrupción sigue adelante por segundas, terceras y cuartas líneas de Vialidad en los Departamentos que siguen haciendo negocios.
Ignacio Difiori es uno de aquellos que no les importa mostrar su progreso material que no podría justificar con un sueldo estatal y estuvo en las noticias en las últimas semanas por la denuncia y el allanamiento a su vivienda. Pero es solo un ejemplo de tantos. El hombre que hasta hace unos meses era jefe del Departamento I Suministros de la DPV, compró un terreno en varios miles de dólares en un barrio de Paraná donde invierten empresarios, médicos yabogados que cobran caro, en el barrio de la Toma Vieja. Construyó una casa fenomenal del estilo “Hermanos a la Obra”, con lujos en cada rincón: habitaciones en suite, una prolongada cocina con isla, brillosos pisos de porcelanato, baños amplios, calefacción central, un quincho de película y una piscina que, dicen los que la vieron, se cubre automáticamente presionando un botón. Se trata de la vivienda que allanó el personal de la División Robos y Hurtoselmartes 28 de octubre en el marco de 15 procedimientos realizados en Paraná.
Esta investigación comenzó tres semanas antes, tras la denuncia del titular de la DPV Exequiel Donda, en la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública a cargo de Gonzalo Badano. La maniobra bajo análisis es el acuerdo espurio entre funcionarios de áreas sensibles en la toma de decisiones para la compra de bienes o contratación de servicios, y empresarios proveedores, para los presupuestos inflados, las aprobaciones direccionadas, los pagos con sobreprecios y los retornos a cada cual que interviene en esta cadena de desvío de fondos públicos. Las operaciones irregulares bajo la lupa de la Fiscalía de delitos contra la Administración Pública son cinco, aunque podrían surgir muchas más del análisis de los elementos secuestrados (documentación, computadoras, celulares). Las compras que se investigan son del Departamento Suministro de Vialidad, de los siguientes elementos: lubricantes, tubos de hormigón, repuestos de máquinas viales, calzado de seguridad, camisas y pantalones. Los montos de estas cinco compras son elevados: dos de 32 millones, otras de 91 millones, 49 millones y 344 millones de pesos. Es decir, solo en estos casos hubo sobreprecios en adquisiciones por unos 550 millones. El engaño al Estado llegaría en algunos casos al 50% por encima del valor real de los productos que se compraron.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1166, del día 27 de noviembre de 2025)
