Las y los periodistas y comunicadores abajo firmantes manifestamos nuestra extrema preocupación por el ataque que ejerció el Gobierno de Entre Ríos contra el periodista Carlos Challiol, en particular, con fines de amedrentamiento al periodismo, en general, al publicar en la web oficial del Ministerio de Seguridad y Justicia el nombre, apellido, domicilio y número de celular del colega de San Salvador, en el marco de un artículo que desmentía una información publicada por el portal “Noticias y Hechos”.

Sabemos que nuestra labor está sujeta a críticas, desmentidas, aplausos o enojos —especialmente por parte de funcionarios públicos—, pero que el Estado utilice sus recursos y su poder institucional para amedrentar públicamente a un periodista supera todos los límites democráticos y roza la ilegalidad. Cualquier persona o institución cuenta con su derecho a réplica para aclarar o desmentir un trabajo periodístico.

La impunidad del ataque es tal que el contenido fue publicado el 29 de mayo de 2025 y sigue visualizándose en internet al día de hoy. El ministro Néstor Roncaglia replicó el texto en sus redes lo que agrava la voluntad de amedrentamiento por tratarse, precisamente, del funcionario responsable de garantizar la seguridad de la población.

 Lo ocurrido constituye un hecho gravísimo para la democracia. Expone a un trabajador de prensa a posibles agresiones por parte de terceros, situación que ninguno de nosotros está dispuesto a avalar. Esperamos que el Gobierno entrerriano revise de inmediato su accionar para evitar consecuencias aún más graves, de las que sería el único responsable.

Reclamamos con firmeza al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio —como máxima autoridad provincial y responsable político de sus funcionarios— que detenga este accionar ilegítimo, contrario a derecho y lesivo de la libertad de expresión.