De la instancia, según se indicó a ANÁLISIS, participarán los nuevos defensores de Urribarri, los abogados Fernando Burlando y Javier Baños. En el despliegue de una nueva estrategia defensiva, el equipo de abogados viene recusando a buena parte de los jueces que deben intervenir en el caso. En efecto, la audiencia de este viernes tiene como objetivo discutir las recusaciones presentadas contra los vocales Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo, designados para integrar el Tribunal de Juicios y Apelaciones junto a la jueza Carolina Castagno. La sala debe decidir sobre el pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) para que comiencen a cumplirse las penas dictadas en abril de 2022.  

El tribunal que dirimirá sobre esas recusaciones está compuesto por Castagno, Carola Bacaluzzo y Pablo Zoff. Según argumentan los abogados del exmandatario, tanto Brugo como Malvasio tuvieron intervenciones en causas que lo involucran cuando se desempeñaban como fiscales y eso les afectaría la objetividad. En su momento, Malvasio rechazó la recusación en su contra y Brugo se excusó.

Para evaluar estos planteos se conformó al menos dos veces el tribunal. Tres de los nuevos integrantes también fueron impugnados por los defensores o se excusaron: Elvio Garzón, Julián Vergara y Elisa Zilli. Finalmente, la sala quedó compuesta por Castagno (la presidenta del Tribunal que dirigió el juicio oral y público, y pronunció las condenas en el megajuicio), Carola Bacaluzzo y Pablo Zoff.        

Cuando se superen las discusiones sobre las recusaciones de los defensores, los jueces deberán decidir sobre el motivo original de la audiencia: la solicitud de los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro para que los tres principales condenados del “megajuicio por corrupción” comiencen a cumplir las penas. Se trata del exgobernador Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez.

Juicio y condena

Entre septiembre de 2021 y abril de 2022, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos ventiló cinco causas acumuladas por corrupción durante las gestiones de Urribarri. Se expuso una contratación del Estado provincial a varios medios nacionales para publicar un posicionamiento político contra los fondos buitres, con dinero público; las contrataciones constantes de servicios publicitarios y de cartelería a empresas armadas por Juan Pablo Aguilera; la instalación de un parador playero en Mar del Plata con dinero público que tuvo como finalidad la promoción de la candidatura a Presidente del exgobernador; la contratación de espacios publicitarios en medios nacionales para la difusión de la imagen de Urribarri, en el marco de su campaña presidencial; y la contratación de carteles en rutas de Buenos Aires también para la difusión de la imagen del exgobernador.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones que controló la legalidad de la investigación y el debate estuvo conformado por José María Chemez (jubilado), Elvio Garzón (volvió al Juzgado de Garantías) y Carolina Castagno.

Mientras se desarrolló el juicio, Urribarri se desempeñaba como canciller del gobierno argentino en Chipre e Israel. El exgobernador fue condenado a 8 años de prisión y debió renunciar a su cargo diplomático tras la sentencia, pronunciada el 7 de abril de 2022. Su apartamiento de los cargos se dio en medio de una polémica, ya que se mostró reacio a dejar las embajadas. Sin embargo, en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Santiago Cafiero, le exigió la renuncia inmediata por estar condenado en primera instancia por delitos de corrupción.

En la misma condena se sentenció al exministro de Cultura Pedro Báez y al cuñado del exgobernador Juan Pablo Aguilera. Ambos recibieron una pena de 6 años y medio de prisión más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al igual que Urribarri.

Los delitos por los cuales fueron encontrados responsables son Negociaciones incompatibles con el  ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública.